Minimización del desperdicio alimentario, los químicos ahora podemos aportar.

Las acciones de la estrategia de la Granja a la Mesa de la EU están respaldadas por objetivos concretos para 2030. Estos objetivos son importantes ya que formarán la base de los planes estratégicos de los Estados miembros y la recopilación de datos por parte de las partes interesadas a lo largo de la cadena alimentaria. Incluyen:

• Pesticidas: reducir el uso y el riesgo de pesticidas químicos en un 50% y el uso de pesticidas más peligrosos en un 50%. La implicación de nuestro sector es clave.
• Exceso de nutrientes: reducir las pérdidas de nutrientes en al menos un 50% mientras se asegura que no haya pérdida en la fertilidad del suelo, y reducir el uso de fertilizantes en al menos un 20%.
• Resistencia a los antimicrobianos: reducir las ventas de antimicrobianos en la EU para animales de granja y acuicultura en un 50%.
• Orgánico: El 25% de las tierras agrícolas de la UE se dedicará a la agricultura ecológica.
• Desperdicio: reducir el desperdicio de alimentos a nivel minorista y de consumo en un 50%.

Esta reducción del desperdicio alimentario es noticia de actualidad. En estos momentos y hasta el 1 de diciembre e 2021 se encuentra abierta la consulta pública, para manifestar opiniones y puntos de vista al respecto de la futura regulación para minimización del desperdicio alimentario.

Un tercio de los alimentos que se producen cada año en el mundo acaban en la basura y muchas veces en buen estado. Esto supone que se generan 1.300 millones de toneladas de comida y residuos aprovechables, según los datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para la Alimentación y la Agricultura, más conocida como FAO. Al mismo tiempo una de cada nueve personas en el planeta pasa hambre y sufre desnutrición, tal y como apunta la ONU.

El desperdicio alimentario conlleva además graves consecuencias ambientales, como el agotamiento de las tierras de cultivo, deforestación, utilización de fertilizantes químicos y pérdida de diversidad biológica. Así como elevados niveles en el consumo de agua, energía y generación de residuos, que tienen un efecto negativo en el cambio climático y calentamiento global.

¿Qué medidas concretas propone la Ley?

La futura ley dedica su capítulo II a fijar las obligaciones para los agentes de la cadena alimentaria, entre los aspectos propuestos destacan los siguientes:

• Es necesario que todos los agentes formen al personal, tanto para minimizar las pérdidas en los procesos de manipulación, almacenamiento y transporte, como también para se dé un enfoque proactivo para la prevención y reducción de las pérdidas y el desperdicio de alimentos.
• Plan de aplicación para la prevención de las pérdidas y desperdicio alimentario que contemple la donación.
• Control anual de las pérdidas y cuantificación del desperdicio.
• Respecto a la fecha de consumo preferente, es necesario que los productos que la hayan rebasado se presenten separados y claramente diferenciados del resto de productos en el punto de venta.

Las Administraciones públicas también asumen una serie de obligaciones específicas que se centran en labores de promoción, fomento y divulgación, además de asesorar y apoyar a las industrias. Nuestro Colegio debe tomar aquí un papel protagonista.

Régimen sancionador

Las infracciones podrán dar lugar a sanciones económicas que pueden ir de los 6.000 € a 1.000.000 de euros. Destacamos entre los distintos supuestos que pueden darse el de las infracciones como consecuencia de:

• No contar con un plan de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario en caso de estar obligado a ello. Ya existen empresas en el mercado capaces de certificar planes de minimización implantados y de proporcionar formación específica para su implantación.
• No cuantificar las pérdidas y el desperdicio alimentario o no informar conforme estén obligados.
• Las industrias alimentarias, las empresas de distribución de alimentos al por menor y las de hostelería y restauración, no disponer de los medios para asegurar que los alimentos no vendidos y que siguen siendo aptos para el consumo humano se donen a través de un pacto o convenio que regule la donación a organizaciones.
• No garantizar la trazabilidad de los productos donados mediante un sistema de registro de entradas y salidas de los alimentos recibidos y entregados.

Como podemos observar se plantean diversas medidas que habrán de cumplir los operadores alimentarios. No obstante, desde el sector químico debemos trabajar para que estas obligaciones legales se conviertan en oportunidades que ayuden a la sociedad en la mejora del aprovechamiento de los alimentos y el impulso de la economía circular.

Pedro Jávega

Regional Key Account Manager en Bureau Veritas