La posibilidad de suspender temporalmente los derechos de las patentes que ostentan las empresas que fabrican las vacunas se ha planteado en la Organización Mundial del Comercio. Es un asunto que está generando una viva polémica. A nuestro entender, esto no es posible ni, a largo plazo, deseable y pedirlo responde a una mentalidad anclada a en el concepto clásico de lo que es una vacuna.
Los argumentos de los partidarios de la derogación de las patentes.
En el día de hoy aparece en el diario El País un artículo sobre los “mercados verdes” de Khatarina Pistor, profesora de derecho comparativo de la universidad de Columbia, que acaba con unos párrafos sobre las vacunas. En ellos incita a que “los gobiernos de las economías avanzadas” hagan que las farmacéuticas “contribuyan a la producción global de vacunas, compartiendo su tecnología”. También Le Monde Diplomatique (marzo de 2021) considera las patentes un “obstáculo para la vacunación universal”. Literalmente, dice que “toda la información (patentes, procesos) debería ponerse entregarse a empresas de los Estados pobres o emergentes, capaces de crear líneas de producción y venderlas a bajo precio a los países en desarrollo”. Esta publicación insiste en los miles de millones de euros y de dólares que el sector público ha puesto en el desarrollo de las vacunas.
Por otro lado, la Organización Mundial del Comercio no ha conseguido ponerse de acuerdo sobre este asunto, con los países desarrollados en contra de la medida y aquellos en desarrollo (liderados por India y Sudáfrica) a favor.
Resulta difícil, a primera vista discutir un aserto de este tipo: si hay un cuello de botella en la producción, al menos, enseñad a los países pobres a fabricarlas por ellos mismos. Pero, por otro lado, las dificultades legales y técnicas son enormes.
El estado de la cuestión.
Vamos a analizar el asunto punto por punto.
En primer lugar, la principal razón de que no haya capacidad instalada para atender a las demandas de vacunas es que las grandes multinacionales de la farmacia no estaban interesadas en la elaboración de vacunas antes de la COVID. Es un negocio de márgenes muy pequeños en un mercado demasiado maduro. Si se produjera la suspensión del derecho de patentes, estas compañías perderían las fuertes inversiones en que han incurrido para desarrollarlas en un tiempo récord. Con este antecedente, ninguna de ellas volvería a invertir en este campo, de manera que la próxima pandemia puede coger a la humanidad sin ninguna capacidad industrial de reacción. Desde luego que se podrían montar empresas públicas para atender a esta demanda pero esto sería brutalmente ineficiente porque una vacuna moderna requiere un conjunto de tecnologías muy amplia, en las que sólo se puede invertir eficientemente si se dispone de diversas empresas de un mismo grupo que las domine.
En segundo lugar, la fabricación de la vacuna no se realiza a la manera de como se hace un principio activo novedoso, como, por ejemplo, lo fue la aspirina Bayer en su momento. El ácido acetil salicílico, el principio activo de la aspirina, es una molécula que se puede obtener por síntesis en cualquier lugar del mundo. A diferencia de este caso, una vacuna actual es un conjunto de tecnologías que van desde el diseño de la proteína de la espínula del virus hasta la tecnología de encapsulación de la proteína con una capa lipídica. Es un “portafolio” que no pertenece a una sola empresa. Expropiar todas las patentes asociadas a estas tecnologías puede dar lugar a inacabables conflictos jurídicos con varias empresas. Además, puede dar lugar a conflictos entre diversos países. Por ejemplo, la Unión Europea tendría que suspender la patente de tecnologías que pertenecen a empresas estadounidenses. Es decir que, para aplicar esta medida, habría que llegar a un consenso de todo el mundo occidental para usar el artículo 31 de los acuerdos sobre derechos de la propiedad intelectual (ADPIC) que permite “su derogación en situaciones de emergencia nacional u otras circunstancias de extrema urgencia o en caso de utilización pública sin fines comerciales”. Un acuerdo que, como ya hemos apuntado antes no se ha alcanzado hasta la fecha en la OMC, seguramente por su dificultad.
En tercer lugar la causa de la ralentización en la fabricación de nuevas vacunas procede, en buena medida de la escasez de determinadas materias primas a nivel mundial que apenas pueden atender la demanda de las plantas ya existentes.
Finalmente, quisiéramos citar un punto relativo a la financiación de las vacunas con dinero público. Según el diario digital Les Echos, el coste fiscal que tiene la pandemia para el estado francés (es decir, el dinero que deja de percibir la Hacienda de este país) se puede situar en el entorno de 1,2 millardos de Euros al mes . Insistimos, esto nada más que en el caso de Francia. Es cierto que la Comisión Europea ha asignado 2000 millones de euros a las farmacéuticas para colaborar con el desarrollo de las vacunas, pero esto equivale a poco más de mes y medio de pérdidas de ingresos fiscales solo en Francia. Esto da una idea de lo que ganarán los Estados por cada mes que las vacunas anticipen el fin de la pandemia.